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Caravana para huir del infierno de Honduras

 

No es solo una oleada de emigrantes del tercer país más desigual del mundo. Ni se trata en exclusiva de una caravana de tintes políticos que coincide, además, con el primer aniversario de la polémica elección de un presidente conservador que torció las leyes para repetir mandato. Resulta necesario agregar dos ingredientes externos para completar el cuadro. Donald Trump y su obsesión por levantar un muro fronterizo infranqueable y, enfrente, el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que el sábado asume la presidencia en México.

“La ventaja es que es progresista y lo que se espera es un abordaje humanitario de la emigración”, le dice a EL MUNDO Joaquín Mejía, reconocido analista político y abogado hondureño. “López Obrador deberá decidir si México sigue siendo el guardián de la frontera estadounidense, que deporta el doble de centroamericanos que Estados Unidos, con el discurso que vincula seguridad, migración y crimen organizado”.

Mientras llega ese momento, en Honduras continúa el debate sobre las caravanas que un sector censura, tanto por considerar que obedecen a intereses de los opositores del Gobierno como por poner a la pequeña nación en la picota pública mundial, y otro que las alienta y respalda.

“La decisión de irse de una sola vez todos unidos, en lugar de a cuentagotas, fue para protegerse de las organizaciones criminales en el cruce de Méjico y con el objeto de llamar la atención sobre las crisis institucionales no resueltas que vivimos en Honduras desde el 2009, cuando el golpe de Estado a Manuel Zelaya”, afirma Mejía.

Cita los crímenes alrededor del citado golpe que siguen en la impunidad, la destitución de cuatro magistrados del Constitucional por no aceptar la relección presidencial, en 2012, en la que tuvo que ver el actual mandatario, Juan Orlando Hernández, que encabezaba entonces el Congreso. Y la posterior “sentencia espuria” de los jueces sustitutos permitiéndola. “Hasta que no las solucionen y haya retorno al orden constitucional, que supone la salida del presidente Hernández, seguirán saliendo caravanas”, advierte.

Desde la misma orilla, Dunia Montoya, periodista y mujer del líder social Bartolo Fuentes, que estimuló ese tipo de emigración masiva sin pensar que le seguirían miles de desesperados, rebate que se trate “de una caravana impulsada por la oposición para dejar mal al presidente. Pero sí hay razones políticas que han provocado el desencanto”, puntualiza en entrevista telefónica con EL MUNDO.

“A un año del fraude electoral, del rompimiento de la institucionalidad, la gente huye porque no aguanta la pobreza, la delincuencia de las maras, los grupos de poder que pueden sacar a comunidades completas de su territorio para saquear sus recursos. Y si se atreven a denunciar la corrupción, el saqueo, lo que recibimos es muerte”, agrega. “Ahora se ha visibilizado el éxodo pero diariamente salen trescientas personas del país rumbo a Estados Unidos, solos o pagando coyotes. Era un goteo invisible y ahora es un chorro”.

De ahí que las remesas de emigrantes -4.330 millones de dólares en 2017- sean la principal fuente de divisas de una economía raquítica. Representan el 18% del PIB, según el Banco Central de Honduras y proceden, sobre todo, de EEUU, donde se calcula viven un millón de hondureños.

“El país está polarizado desde el 2009 y, aún más, desde las elecciones del 2017, pero la caravana no está dividiendo al país. Hay un sentimiento de pesar por lo que están pasando nuestros hermanos en su cruzada y la forma en que fueron engañados, aunque a estas alturas la mayoría de la población ve hasta con cierta indiferencia lo que está sucediendo con ellos, a excepción de los que tienen agenda política de descrédito”, comenta a este diario Miguel Bonilla Caraccioli, ex ministro de Comunicaciones de Honduras y analista político. “La imagen del país se expone ante el mundo al manifestar que es un lugar donde no se puede vivir pese a nuevos emprendimientos y oportunidades que se han logrado para la población y a que en los últimos ocho años se ha podido avanzar muchísimo en fortalecer las instituciones”.

El columnista Francisco Gómez, expresaba un sentimiento aún más crítico, en el diario hondureño ‘La Nación’. “Si querían un evento mediático de alcance mundial, lo lograron. Si querían hacer ver mal al país, lo consiguieron. Fue un buen plan. Triste espectáculo de dolor, engaño e insensatez”.

Para intentar atajar la crisis, el presidente Hernández animó a sus compatriotas a retornar a sus hogares con la promesa de un programa de incentivos de 27 millones de dólares. Les pidió que no se presten al “juego político” de quienes usan “la miseria del prójimo” en su propio beneficio. “Entre todos tenemos que convertir a Honduras en un país de oportunidades”, proclamó en rueda de prensa.

La grave situación de los migrantes no es su único dolor de cabeza. El lunes, un tribunal de Nueva York acusó a su hermano menor y ex diputado, Juan Antonio, apresado en Miami, de enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos desde el 2004. Su vinculación con los narcos no era ningún secreto y en el 2016, el propio gobernante debió salir a la palestra para asegurar que “nadie está por encima de la ley”, ni siquiera su familia. Pese a ello, en Honduras nunca le investigaron.

Y no es un caso aislado. Un hijo del anterior presidente, Porfirio Lobo, está condenado a 24 años de cárcel por lo mismo, hay varios diputados encarcelados y otros en lista de espera. El capo hondureño Rivero Madariaga sigue delatando.

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